Comunidades piden al Gobierno una mesa permanente antes de decidir el futuro de la mina

Las comunidades de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso pidieron al Gobierno abrir una mesa de diálogo permanente y negociar un nuevo acuerdo sobre el futuro de la actividad minera. El pedido surge tras la propuesta de la Comisión de Ministros de avanzar con un cierre ordenado de la mina.

Lo plantearon mediante un pronunciamiento del Comité Cívico que las representa. Según el documento, las comunidades reconocen la complejidad del tema y creen necesario buscar una salida ordenada, aunque advierten que cualquier decisión tendrá efectos directos en las familias, los comercios y los gobiernos locales de estos distritos.

El Comité Cívico exigió voz, representación real y participación efectiva en las mesas donde se definan los próximos pasos. Argumentan que quienes viven cerca del proyecto conocen de primera mano sus impactos y oportunidades. Además, indicaron que no buscan imponer una posición, sino llegar a un acuerdo que les dé asiento, garantías y certeza.

De acuerdo con el Comité, cerca de 50 mil panameños dependen de la estabilidad económica de la región. Entre ellos hay trabajadores, productores, comerciantes, jóvenes y adultos mayores. Las comunidades también señalaron que sus municipios tienen una capacidad limitada para generar ingresos propios y empleo estable, por lo que dependen en buena medida de las transferencias del Estado. Advirtieron que la paralización de una actividad económica de esta magnitud golpearía los hogares y la capacidad de los gobiernos locales para atender a la población.

El Comité sostuvo que la actividad minera puede representar una oportunidad para alcanzar un nuevo acuerdo, siempre que haya diálogo, reglas claras y beneficios concretos para las comunidades. Uno de sus principales planteamientos es que hoy no existe un plan alternativo de desarrollo que sustituya el empleo, la actividad comercial y los ingresos que genera el proyecto.

Por eso, consideran que cualquier proceso de cierre o transición debe incluir un programa de desarrollo para los distritos, con metas, plazos y responsables definidos. La idea es reducir el impacto económico sobre las familias. Las comunidades pidieron al Gobierno instalar una mesa de diálogo permanente con representación comunitaria y reiteraron su disposición a participar en la búsqueda de una solución.