Comisión aprueba en primer debate proyecto que amplía descuentos a jubilados
El proyecto de Ley 746 reúne rebajas en salud, servicios básicos y funerarias, y aún debe pasar al pleno y a la sanción del Ejecutivo.
En la Asamblea Nacional, la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social dio luz verde en primer debate al proyecto de Ley 746. La iniciativa reforma la Ley 5 de 1987, que agrupa beneficios para adultos mayores, y la votación se realizó el jueves 22 de octubre. Todavía falta que el pleno apruebe el texto en segundo y tercer debate, y que el Ejecutivo lo sancione para que se convierta en ley.
El proyecto nace después de que el Gobierno vetara la propuesta anterior, identificada como proyecto 226. El nuevo texto surgió de conversaciones entre el Ejecutivo, representantes de jubilados y el sector privado. Según el diputado proponente, Javier Sucre, la meta es aliviar los gastos de los adultos mayores en alimentación, medicamentos y servicios básicos.
Entre los beneficios aprobados figuran un 25% en honorarios de medicina general y especialidades, y 30% en tratamientos contra el cáncer, incluidos medicamentos oncológicos. También hay un 20% en prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas. La electricidad residencial para consumos de hasta 600 kilovatios hora tendría 30%, al igual que el cargo fijo del teléfono residencial. La tasa de aseo baja 20% si el contrato está a nombre del beneficiario y corresponde a su vivienda principal. Los servicios funerarios tendrían 25% cuando el fallecido sea jubilado, pensionado o adulto mayor. Los pañales para adultos y las bolsas para ostomía con receta quedarían exonerados de impuestos de importación y de transferencia de bienes y servicios.
Los descuentos no se aplicarían a consultas, exámenes, laboratorios, medicamentos e insumos en instalaciones públicas del Ministerio de Salud, ni a servicios de asistencia social de los comités regulados por el Decreto de Gabinete 401 de 1970. La prioridad de atención en los centros públicos seguirá sujeta a criterios científicos y protocolos de clasificación de pacientes.
Durante la discusión, el sector farmacéutico expresó preocupación por la capacidad de los pequeños negocios para asumir los descuentos. Orlando Pérez, de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, cuestionó que se imponga un 25% a un segmento de comercios en un país de libre oferta y demanda, donde ya existen grandes cadenas con rebajas mayores.
Guillermo Cortés, representante de los jubilados, sostuvo que la propuesta fue discutida y consensuada, aunque reconoció que algunos beneficios se redujeron o se eliminaron en las conversaciones. Cortés espera que el proceso concluya antes del 31 de octubre.
El texto también establece que los descuentos otorgados por los comercios puedan reconocerse como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, con un reconocimiento del 100% y la posibilidad de transferir esos créditos desde enero de 2027. Además, prevé sanciones graduales y proporcionales de entre $500 y $10,000 para quienes incumplan los descuentos.
