ONG piden derogar la ley contra el odio usada para perseguir disidentes en Venezuela

Las principales organizaciones de derechos humanos de Venezuela pidieron este miércoles que se derogue la ley contra el odio. Según denuncian, esta norma sirvió durante la última década para justificar cientos de arrestos contra personas que resultaban incómodas para el gobierno chavista.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció la víspera un "uso abusivo" de la norma y pidió al Parlamento reformarla. El cambio sería fruto de negociaciones políticas entre el gobierno y un sector de la oposición. La petición llega casi diez meses después de la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, y Rodríguez gobierna bajo presión de Washington.

En el primer trimestre del año, el gobierno impulsó una amnistía que permitió la salida de cientos de presos políticos, muchos de ellos encarcelados por esta ley, que contempla penas de entre 10 y 20 años de cárcel. Aun así, Foro Penal alerta que todavía hay 328 presos políticos tras las rejas, al menos seis de ellos imputados por esta norma.

Según la misma organización, al menos 927 personas han sido imputadas por "instigación al odio" desde que la ley se creó en 2017. Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, sostiene que el delito fue redactado de forma que sirve para castigar a quien incomode al poder. Su análisis señala que los criterios "amplios y difusos" de la norma permiten encuadrar casi cualquier hecho como instigación al odio.

La ley alcanzó a dirigentes políticos, opositores, periodistas y hasta ciudadanos comunes que se quejaron por los servicios públicos o compartieron memes contra el gobierno por WhatsApp. Rodríguez impulsó esta norma en 2017, cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que funcionó como un "suprapoder" y dejó sin efecto al Parlamento de 2015, de mayoría opositora.

Himiob considera que la ley debe derogarse por completo y no reformarse. Provea, una de las siete organizaciones firmantes de un comunicado, coincide y advierte que una reforma parcial no corrige los vicios de origen, las restricciones desproporcionadas ni las incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos.

Por ahora, el Parlamento creó una comisión para trabajar en la reforma, con el objetivo de avanzar en la despenalización de las conductas previstas en la ley. La instrucción partió de una carta de la presidenta dirigida a su hermano Jorge Rodríguez, jefe de los diputados.