Defensa de Cilia Flores pide otra vez fianza por deterioro de su salud en prisión

La defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, volvió a solicitar su libertad bajo fianza este miércoles. Sus abogados sostienen que la salud de la exprimera dama se ha agravado desde que se encuentra detenida en Estados Unidos.

Según las actas judiciales, la defensa señala que Flores ha registrado una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular y un episodio de 30 minutos de intensa opresión torácica, sin que después se le practicaran análisis clínicos. Además, afirma que ha perdido mucho peso y dos molares. Antes de su arresto, su afección cardíaca se encontraba estable y se controlaba con una inyección mensual, según el escrito.

Los abogados vinculan estos problemas con la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, en la que Flores y Maduro fueron capturados en Caracas y trasladados a Nueva York. Indican que ese día ella llegó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn con heridas en la frente y otras lesiones, y que pasó sus primeros tres meses en régimen de aislamiento.

La defensa también informa que el equipo médico de la cárcel ha planteado practicarle un cateterismo, procedimiento sobre el que ella pidió más información. Sus abogados consideran que la prisión no es un lugar adecuado para recuperarse de una intervención cardíaca.

La petición responde a la oposición de la Fiscalía, que sostiene que existe un riesgo de fuga extremo y que Flores representa un peligro para el público. La defensa rechaza la idea de huida al tratarse de una mujer de 69 años con una afección cardíaca sin tratar. También niega que pueda comprar su libertad, pues asegura que no dispone de fondos para costear su defensa, algo que expresó bajo pena de perjurio en una declaración jurada.

El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto para el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos por conspiración para importar cocaína y por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, dentro de una presunta trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas. Los dos han pedido desestimar el caso alegando inmunidad soberana.

Si es declarada culpable, Flores enfrenta una pena mínima obligatoria de cuarenta años de prisión y una máxima de cadena perpetua.