Seis bienes de Charlie Zaa pasan al Estado colombiano por extinción de dominio

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio de seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa. Las propiedades fueron avaluadas en 23.755 millones de pesos, cerca de 5.9 millones de dólares, y ahora quedan en manos del Estado colombiano.

El destino de estos activos quedará ligado a mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia. La medida afecta a seis bienes en total y fue determinada el 29 de septiembre.

El expediente busca establecer si esas propiedades se adquirieron con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC. La investigación nació de versiones entregadas por exintegrantes de esa estructura paramilitar, quienes señalaron posibles vínculos entre dinero del grupo y bienes asociados al artista. Las autoridades también quieren saber si el cantante conocía el origen de los recursos. Esos puntos siguen por determinar.

Las autoridades aclaran que la extinción de dominio y la investigación penal son actuaciones distintas. La primera define el destino jurídico de los bienes, mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta otro proceso para establecer si Charlie Zaa tuvo algún vínculo con el grupo paramilitar. Por eso la decisión no resuelve esa pregunta.

En julio de 2026, la Fiscalía ya había ocupado varios bienes vinculados al artista, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel. Según el ente investigador, estos activos estarían relacionados con operaciones usadas para ocultar recursos provenientes del Bloque Tolima.

Charlie Zaa rechaza los señalamientos y sostiene que su patrimonio es fruto de más de tres décadas de trabajo en la industria musical, con parte de los recursos provenientes de regalías de sus canciones. Tras la operación de julio, publicó un comunicado en el que indicó que no existe sentencia ni decisión judicial que declare ilícito su patrimonio, y que la defensa apenas comienza a presentar pruebas sobre el origen de los bienes. Afirmó que seguirá colaborando con la justicia y que confía en el debido proceso.

Mientras los seis bienes pasan al Estado, la investigación sobre posibles vínculos con el extinto grupo paramilitar continúa y deberá avanzar a partir de las pruebas incorporadas al expediente.