Tribunal revoca arresto hospitalario de César Caicedo y ordena su traslado a una cárcel

El Tribunal de Apelaciones revocó la medida cautelar de arresto hospitalario que había concedido un juez de garantías a César Caicedo, investigado por delitos relacionados con narcotráfico. Con esta decisión, el investigado deberá ser llevado a un centro penitenciario, donde continuará bajo detención provisional mientras avanza el proceso.

La resolución se tomó en una audiencia de apelación de medidas cautelares personales realizada la tarde del lunes 28 de septiembre. Durante la diligencia, los magistrados revisaron las condiciones médicas del investigado y si era viable que permaneciera privado de libertad en una cárcel. Caicedo, señalado como presunto cabecilla de la investigación, estaba bajo atención hospitalaria desde el 20 de mayo, y su situación había sido objeto de varias audiencias de revisión.

El fiscal William Granados explicó que, desde mayo, el Ministerio Público dio seguimiento a distintas evaluaciones médicas relacionadas con el tratamiento que Caicedo recibió en hospitales públicos y privados, además de los informes médico-legales. Entre los elementos que pesaron en la decisión estuvo el informe de Medicatura Forense, que determinó que el investigado presenta un estado de salud estable. Según el fiscal, a partir de esa evaluación se concluyó que no era necesario mantenerlo en un hospital y que podía permanecer en un centro penitenciario.

Granados recordó que el Estado tiene la obligación de brindar atención médica a las personas privadas de libertad, según sus condiciones de salud y las normas que regulan el sistema penitenciario. El juez Raúl Caballero ordenó que el traslado se hiciera de inmediato, una vez conocidos los resultados de los exámenes practicados por Medicatura Forense. La decisión responde exclusivamente a la revisión de la medida cautelar y a las condiciones en que el investigado deberá permanecer durante el proceso.

El caso forma parte de la Operación Nodriza, una investigación que inició en marzo de 2023 por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional. Según las autoridades, la organización recibía cargamentos de sustancias ilícitas procedentes de Colombia en las costas del Pacífico, principalmente en Arraiján, Panamá Oeste. Desde allí los trasladaba en vehículos modificados con doble fondo hacia otros puntos del país. En diciembre de 2025, los allanamientos en Panamá y Panamá Oeste dejaron ocho personas aprehendidas, entre ellas dos señaladas como presuntos líderes.

La Fiscalía continuará con las diligencias para establecer las responsabilidades penales de las personas señaladas dentro de la investigación.