Caso Pandora: 23 imputados y 17 con detención provisional por presunta estafa fiscal

La Procuraduría General de la Nación mantiene a 23 personas imputadas dentro del Caso Pandora, y 17 de ellas permanecen bajo detención provisional. Las pesquisas apuntan a una presunta red de corrupción que habría causado una lesión patrimonial al Estado de aproximadamente 40 millones de dólares, al manipular el sistema tributario E-Tax 2.0.

Entre los señalados hay funcionarios y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), además de particulares. Se les investiga por delincuencia organizada, blanqueo de capitales, corrupción, distintas formas de peculado y falsificación de documentos.

El expediente comenzó en la Fiscalía Anticorrupción y luego pasó a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, que continúa las diligencias para establecer el alcance de las operaciones y la responsabilidad de cada involucrado. El caso se originó con una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades de funcionarios de la DGI.

Según la investigación, la organización habría manipulado E-Tax 2.0 para eliminar cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos. Esos montos quedaban registrados como pagos no aplicados, lo que permitía generar créditos fiscales falsos. Luego, esos créditos se transferían a sociedades intermediarias que los cambiaban en una entidad bancaria.

Entre las diligencias recientes figura la aprehensión de Arnold Salgado Galeano, exdirector de finanzas de una entidad bancaria, capturado el 5 de octubre de 2026 durante un allanamiento en una residencia de Condado del Rey. Se le formularon cargos por presuntos delitos financieros y delincuencia organizada, y el 27 de octubre de 2026 el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó por unanimidad su detención provisional.

El pasado 8 de julio se ejecutaron 23 diligencias de allanamiento en distintos puntos de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Colón, con el objetivo de desarticular la presunta organización.

El caso se tramita como causa compleja por las características y el alcance de los hechos. La Fiscalía pedirá una extensión del plazo de investigación para completar las diligencias pendientes, mientras se determina el perjuicio económico al Estado.