Dídimo Rodríguez queda detenido por presunto perjuicio de más de $21 millones a la DGI
Un juez de garantías impuso detención provisional al señalado en el caso de créditos fiscales ficticios, mientras se busca a otro implicado.
Dídimo Rodríguez Ayala, señalado como presunto autor de hechos en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), quedó detenido de forma provisional al terminar la audiencia de garantías en su contra. Rodríguez Ayala fue aprehendido durante la operación Espejismo.
La decisión la tomó la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, el jueves 17 de septiembre, durante una audiencia de solicitudes múltiples. En esa diligencia, el Ministerio Público pidió imputarle los delitos de corrupción de servidores públicos, falsedad documental, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.
Según lo informado, la jueza consideró que la detención provisional era necesaria, idónea y proporcional por la gravedad de los hechos investigados y por la cantidad de delitos imputados. El tribunal también identificó varios riesgos procesales: peligro de fuga, posible afectación de pruebas y riesgo para la sociedad.
Durante la audiencia se presentaron elementos de convicción y una carpeta de investigación que, según la fiscalía, se fortaleció. También se mencionó la existencia de una presunta red integrada por varias personas, entre ellas exfuncionarios de la DGI. De acuerdo con las investigaciones, esa estructura habría alterado el sistema que genera créditos fiscales para producir créditos ficticios.
Antes de imponer la medida, el tribunal legalizó la aprehensión de Rodríguez Ayala y admitió la formulación de cargos presentada por el fiscal Mario Mosquera. La solicitud de detención provisional fue hecha por la fiscal superior Elizabeth Carrión. La defensa técnica particular estuvo a cargo del abogado Moisés Lezcano.
El Ministerio Público indica que la investigación comenzó en 2023. Según esa versión, Rodríguez Ayala habría actuado como representante legal y beneficiario de una empresa inexistente. Las autoridades sostienen que, junto con otras personas, estas actuaciones causaron un perjuicio al Estado superior a $21 millones.
El caso sigue abierto y las autoridades mantienen la búsqueda de Renaul Delgado Barrios, quien también es requerido dentro del expediente.