Casi el 90% de los detenidos en El Salvador aún no tiene juicio

La Fiscalía General de El Salvador presentó este martes un balance sobre las personas detenidas bajo el régimen de excepción que el presidente Nayib Bukele mantiene desde hace cuatro años. Según el fiscal general Rodolfo Delgado, casi el 90% de las 93.000 personas arrestadas todavía no recibe sentencia. Delgado dio la cifra en una reunión en el Congreso.

Según el informe, la institución registra poco más de 10.500 condenas. Delgado aclaró que esos números solo incluyen los casos que ya llegaron a la etapa de juicio, y dijo esperar que las sentencias aumenten con el tiempo. No precisó qué delitos abarca el balance, aunque sostuvo que las condenas van desde infracciones leves hasta homicidios y violaciones múltiples cometidas por pandilleros.

La fiscalía también reportó 13 cadenas perpetuas por pertenencia a organizaciones terroristas, homicidios y feminicidios. Además, contabilizó 244 absoluciones y 10 sobreseimientos.

El gobierno ha presentado esta estrategia como la razón por la que la criminalidad cayó a mínimos históricos. Sin embargo, organizaciones humanitarias denuncian arrestos arbitrarios, abusos y más de 500 muertes en prisión, además de miles de personas detenidas incomunicadas que no han sido llevadas a juicio. La organización Socorro Jurídico calcula que una tercera parte de los detenidos es inocente. Bukele reconoció que su gobierno liberó a unas 8.000 personas, aunque no aclaró si continúan vinculadas a procesos. Funcionarios de su gabinete han atribuido estos casos a un "margen de error" en las capturas.

La semana pasada, el mandatario dijo que evalúa una liberación anticipada y condicional de unos 5.000 colaboradores "ocasionales" de las pandillas. Explicó que los beneficiarios serían seleccionados según su grado de colaboración y que podrían incorporarse al programa penitenciario Cero Ocio, que ofrece beneficios a condenados a cambio de trabajo en obras públicas.

Grupos humanitarios cuestionan que la colaboración se trate como delito sin considerar la coerción que ejercían los pandilleros. También señalan que la decisión recae en una comisión del gobierno y no en la justicia, lo que, según ellos, evidencia una falta de independencia entre los poderes del Estado.