Bagatrac genera tensión en la Comisión de Presupuesto mientras el ministro del MOP evita responder

Un debate sobre un traslado de partida del Ministerio de Obras Públicas terminó en un fuerte cruce en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El centro de la discusión fue Bagatrac, una de las empresas que recibiría parte de los fondos y cuyo principal accionista, Alberto Jurado Rosales, admitió haber pagado alrededor de $3 millones en sobornos a funcionarios del MOP durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), a través de una cuenta canasta a nombre de Blue Apple Services.

El traslado solicitado por el MOP asciende a $5.8 millones y se repartiría entre tres proyectos de infraestructura. Parte de esos recursos es para la construcción del camino La Nobleza-Playa La Barqueta, en Chiriquí, adjudicado a Bagatrac. El ministro José Luis Andrade acudió a la comisión a sustentar la solicitud.

El diputado Luis Duke, de Vamos, preguntó si el MOP había implementado algún mecanismo antisoborno con sus proveedores y contratistas. Según el diputado, la empresa nunca ha sido inhabilitada para contratar con el Estado. Además, recordó que en 2025 Bagatrac acumuló $42.8 millones en 14 contratos con el MOP, incluidos $8.9 millones adjudicados directamente bajo la figura de emergencia ambiental.

Andrade respondió que el ministerio había designado funcionarios que calificó como honrados y honorables, y señaló que el dinero era para proyectos adjudicados en actos públicos. Duke insistió en que su pregunta apuntaba a los controles que deben existir cuando el Estado contrata con empresas con antecedentes en investigaciones por corrupción, y no a la conducta de la actual administración. El ministro respondió, molesto, que si había una acusación debía demostrarla. Duke aclaró que no acusaba al ministro de manipular licitaciones.

En ese punto intervino el diputado Carlos Afú, de Cambio Democrático, quien señaló a Duke por insinuar corrupción por parte del titular del MOP. La sesión se volvió caótica, con varios diputados hablando a la vez, hasta el punto de que la transmisión en redes sociales fue cortada. El presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, del Partido Panameñista, intentó mediar sin éxito inmediato.

Duke invocó el artículo 173 del reglamento interno de la Asamblea, que reconoce el derecho a réplica cuando un diputado es aludido personalmente. Más tarde, la diputada Yamireliz Chong, también de Vamos, quiso preguntar sobre las empresas favorecidas, y el diputado Benicio Robinson, del PRD, interrumpió alegando que la discusión debía limitarse al traslado. Chong sostuvo que sí estaba haciéndolo y criticó la práctica de que los diputados cuestionen la forma en que otros interrogan a los funcionarios.

El episodio deja abierta la discusión sobre los controles para contratar con empresas investigadas. En paralelo, el proyecto de ley 339, que establece la inhabilitación para contratar con el Estado de personas o empresas condenadas en Panamá, sigue pendiente de segundo debate desde octubre de 2025.