Apede plantea ajustes al proyecto de reforma del sector eléctrico panameño

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) presentó una serie de recomendaciones para fortalecer el proyecto que reforma la Ley 6 de 1997, además de disposiciones de la Ley 26 de 1996 que fijan el marco regulatorio del servicio público de electricidad. El gremio reconoce la iniciativa, pero considera necesario precisar varios puntos antes de su aprobación.

En cuanto a la intervención de empresas, Apede pide definir con claridad las causales que la justifican. También propone establecer criterios legales para graduar las sanciones, respetar las condiciones de los contratos vigentes y aplicar metodologías técnicas, públicas y auditables para calcular el valor justo de mercado. Según el documento, estos cambios buscan evitar la discrecionalidad y la incertidumbre regulatoria.

Asimismo, el gremio sugiere establecer períodos de adecuación para las disposiciones que obliguen a modificar procesos, sistemas o inversiones. También pide precisar qué se considerará incumplimiento reiterado, de manera que las sanciones no dependan de interpretaciones.

Sobre la compra de potencia y energía, la Asociación recomienda que los actos de concurrencia se realicen de forma conjunta, con criterios de transparencia y eficiencia. Además, plantea que los costos asociados a la electrificación rural se reconozcan mediante reglas claras y que se permita el uso de distintas tecnologías, según las condiciones y necesidades de cada zona.

Apede también destaca avances del proyecto, como la reducción del plazo para atender reclamos, la aplicación de créditos en factura por deficiencias en la calidad del servicio, la publicación de información sobre la capacidad y el estado de las redes, el fortalecimiento de la electrificación rural y la consolidación de un texto único de la Ley 6. El presidente del gremio, Alberto López Tom, sostuvo que el país necesita una reforma que proteja a los usuarios y mejore la calidad del servicio, sin dejar de lado reglas claras, proporcionalidad en las sanciones y estabilidad para las inversiones de largo plazo.

El documento surge de un análisis técnico impulsado por la Comisión de Energía y Combustibles de Apede, que organizó dos espacios de diálogo. En el primero participó la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, quien presentó los principales cambios contemplados en el proyecto. En el segundo, con representantes de Naturgy y ENSA, se abordaron los retos y necesidades de la distribución y comercialización eléctrica en el país.

A partir de ambos encuentros se conformó una subcomisión liderada por Félix Moulanier, encargada de revisar el proyecto artículo por artículo. La posición final fue consensuada y aprobada por la Junta Directiva de la Comisión de Energía y Combustibles.