Amnistía pide a Bukele y Haití transparencia sobre el despliegue de 2.000 militares

Amnistía Internacional pidió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y al gobierno de Haití que hagan público el acuerdo que permitió el despliegue de unos 2.000 militares salvadoreños en territorio haitiano. La organización también exige que las operaciones contra las pandillas respeten los derechos humanos. Según su planteamiento, la poca claridad sobre el alcance de la misión genera preocupación.

El movimiento surgió tras un ataque de pandilleros contra un vehículo blindado en Puerto Príncipe, ocurrido el pasado 18 de octubre. En ese hecho desaparecieron cuatro militares salvadoreños que regresaban a su base. Los cuatro pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por Naciones Unidas. Antes del incidente, El Salvador tenía asignados alrededor de 200 efectivos a esa fuerza multinacional.

Tras la desaparición, Bukele ordenó enviar unos 2.000 militares adicionales como parte de un operativo de búsqueda. Al inicio, el mandatario aseguró que el objetivo era rescatar a los soldados y traerlos de regreso al país. Sin embargo, en mensajes posteriores dejó ver una intención más amplia: combatir a las pandillas haitianas con el modelo de seguridad aplicado en El Salvador. Analistas y críticos del Gobierno salvadoreño advierten que no existe información pública suficiente sobre el verdadero alcance de la operación.

Amnistía pidió que las autoridades expliquen cómo supervisan a los militares desplegados, qué reglas regulan el uso de la fuerza y ante qué instancias deben rendir cuentas. También reclamó mecanismos seguros para que los habitantes de Haití denuncien posibles abusos de las fuerzas de seguridad sin temor a represalias. La organización advirtió que estas operaciones podrían aumentar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria y la violencia de las pandillas.

La preocupación se suma a una aclaración de Naciones Unidas. El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, explicó que la gran mayoría de los militares enviados por El Salvador no forma parte de la fuerza multinacional. Por esa razón, esos efectivos quedan fuera del mandato de la ONU y de sus mecanismos de seguimiento y supervisión.

Esta distinción ha intensificado las preguntas sobre quién controla las operaciones, qué protocolos deben cumplir los militares y qué mecanismos existen para investigar posibles violaciones de derechos humanos.