Amnistía Internacional acusa a Estados Unidos de violar derechos humanos en operativos migratorios

Amnistía Internacional denunció que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos en operaciones migratorias federales realizadas en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026. La organización no gubernamental llegó a esa conclusión después de investigar la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros organismos federales en esos operativos.

Para elaborar la pesquisa, la ONG realizó 154 entrevistas y analizó más de 30 pruebas audiovisuales. Los hallazgos aparecen en un informe de 130 páginas titulado “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”, que lleva como subtítulo las violaciones de derechos humanos cometidas y las razones para disolver el ICE.

Entre las violaciones señaladas figuran la discriminación racial, las detenciones y arrestos arbitrarios, el hostigamiento, la intimidación y el uso ilegítimo de la fuerza, en especial la fuerza letal. En algunos casos, según el documento, esa fuerza podría constituir ejecución extrajudicial. El informe también menciona la represión de protestas pacíficas, el uso de armas de letalidad reducida, la vigilancia ilícita y condiciones de detención que podrían vulnerar la prohibición de la tortura.

Amnistía sostiene que el sistema de detenciones y deportaciones masivas impulsado por la administración de Donald Trump se apoya en discursos que la organización califica de falsos, xenófobos y racistas. Según la ONG, esas operaciones apuntaron a un número muy amplio de personas racializadas, migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

El documento enumera casos de disparos contra personas en Chicago, Mineápolis y Washington DC. Entre los nombres citados están Marimar Martínez, Silverio Villegas González, Julio César Sosa-Celis, Renee Good, Alex Pretti, Philip Brown y Justin Bryant Nelson. Sobre tres de ellos, Villegas González, Good y Pretti, la organización señala que sus homicidios podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Amnistía también denuncia el uso de gas lacrimógeno y spray de pimienta contra integrantes de redes de respuesta rápida, observadores y manifestantes, así como el empleo de reconocimiento facial, que considera una violación del derecho a la privacidad. En cuanto a las detenciones, la ONG advierte un patrón generalizado de uso de oficinas, centros de procesamiento y edificios oficiales para retener personas durante periodos prolongados, a veces en condiciones inhumanas.

La organización añadió que a varios detenidos se les negó asistencia legal y contacto con sus familias, y que en ocasiones el ICE no confirmó si tenía a alguien bajo custodia, lo que, según el informe, podría constituir detención en régimen de incomunicación y posibles desapariciones forzadas. Amnistía atribuye estas violaciones a un entorno institucional respaldado por el gobierno, y no solo a conductas individuales de agentes, formación insuficiente o falta de supervisión.

Por ello, la ONG concluye que la magnitud y el carácter estructural de estas deficiencias no se resuelven con ajustes específicos, y que es necesario el desmantelamiento del ICE para adecuar el sistema a las obligaciones internacionales. Además, el informe señala que los operativos generaron un clima de temor en las comunidades migrantes, con personas que se retiraron de la vida pública y cambios en la vida diaria en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios.