A 20 años del incendio del bus 8B-06, sobrevivientes siguen reclamando transporte seguro

Este 23 de octubre se cumplen dos décadas del incendio del bus 8B-06, que cubría la ruta entre Mano de Piedra y Corredor Norte, sobre la avenida Martín Sosa, en La Cresta. La tragedia dejó 18 muertos, entre ellos dos niños, y 26 pasajeros que sobrevivieron con lesiones físicas y heridas emocionales que los acompañaron durante años.

Uno de los sobrevivientes es Luis Contreras, quien relata cómo ha seguido adelante desde aquella tarde. Según su testimonio, sufrió quemaduras en el 68% del cuerpo y tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos. Llevó su recuperación junto con la búsqueda de reparación, que lo llevó, al igual que a otras víctimas, a buscar apoyo legal y acudir a tribunales fuera del país. Contreras afirma que lleva 19 años trabajando en el Ministerio de la Presidencia y que, desde entonces, ha tomado la experiencia como una forma de seguir adelante.

El bus formaba parte de una flota renovada dentro del plan de modernización del transporte público impulsado por el gobierno de Mireya Moscoso. De acuerdo con lo expuesto, el Banco Nacional dispuso un fondo de 30 millones de dólares para que los transportistas, que eran dueños de sus propias unidades, compraran buses nuevos. De ese monto se desembolsaron 24 millones de dólares, y entre esas compras figuraba el 8B-06. Tras el incendio se abrió además una investigación por presuntos delitos de corrupción, en la que fue investigado el entonces gerente del Banco Nacional, Bolívar Pariente.

Con el tiempo, la discusión dio paso a un nuevo esquema con un sistema en manos del Estado, que puso fin a la era de los llamados diablos rojos y dio origen a la empresa estatal MiBus. Para Contreras, sin embargo, el servicio actual todavía no responde a lo que necesitan los pasajeros. Describe unidades en las que entra agua cuando llueve, comunidades sin cobertura de metrobús y usuarios que deben gastar más para movilizarse. Menciona sectores del norte y del este de la capital, entre ellos Tocumen, y cuestiona la permanencia de los buses piratas y los cobros que, según él, algunos conductores aumentan después de cierta hora.

En cuanto a los procesos judiciales, Contreras cuenta que las demandas presentadas en Panamá no prosperaron, y que el Estado rechazó su responsabilidad por tratarse de un autobús privado. Con el apoyo de sus abogados, las víctimas llevaron el reclamo a Estados Unidos. Según su testimonio, 11 de las 14 familias que demandaron allí recibieron una indemnización. Contreras contrasta ese resultado con lo que, a su juicio, ha encontrado en Panamá, y reclama que el Estado no asumiera responsabilidad alguna por la muerte de 18 personas, entre ellas niños.